Hay países donde las elecciones comienzan con fanfarria y terminan con aplausos. Otros parecen empeñados en convertir el acto más solemne de la democracia en una tragicomedia, como la acontecida el 9 de marzo, donde Honduras ensayó su propio libreto con un desconcertante nivel de improvisación.

Desde muy temprano, la ciudadanía se topó con un panorama cívico surrealista: centros de votación cerrados, juntas receptoras de voto sin representantes, urnas que no llegaban y buses privados distribuyendo material electoral con sistemas biométricos como reemplazo de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. El país que pretendía celebrar su democracia amaneció en Macondo, sin ánimo de ofender a ese entrañable pueblo literario.

Las maletas electorales, cajas que deberían contener el orden, se extraviaron en medio del caos. Y cuando aparecieron, lo hicieron tarde, apuradas por escoltas militares como si fueran fugitivas y no las portadoras de la voluntad popular. En Tegucigalpa y San Pedro Sula, las principales ciudades del país, el derecho al voto fue un acto de paciencia. Algunos votaron al mediodía, otros al caer la tarde y, los más perseverantes, lo hicieron entrada la noche, bajo las luces cansadas de los centros escolares. No por el deseo de extender el horario de las votaciones, sino porque las papeletas y los padrones simplemente no habían llegado.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, se apresuró a declarar que no buscaban culpables, solo soluciones. Pero cuando las urnas desaparecen incluso antes de tener votos y las filas se multiplican sin sentido, el silencio institucional se convierte en complicidad tácita. Más cuando la logística está constitucionalmente delegada al CNE, aunque la carga operativa haya sido confiada a las Fuerzas Armadas. ¿Falló el mando civil o la ejecución militar? ¿O ambos, entre silencios y contradicciones?

Según el Artículo 21 de la Ley Electoral, el CNE es el garante de todo el proceso. También, según el mismo texto, el sufragio debe ser libre, igualitario y directo. ¿Puede hablarse de voto libre cuando hay ciudadanos esperando hasta 16 horas para ejercerlo? ¿Es igualitario un proceso donde unos votan temprano y otros a oscuras, al final del día? ¿Es directo un proceso intermediado por el desorden?

Ni siquiera en aquellos tiempos en que las urnas se distribuían a lomo de burro se había demorado tanto el inicio de una elección. Existen historias similares, como las del 2015 en Argentina, cuyo retraso fue noticia, pero no alcanzó estos niveles de desorganización. En El Salvador, las fallas del sistema electrónico generaron controversia, pero no vacíos logísticos de semejante magnitud. Pero en Honduras la sombra del desorden tiene historia: fraudes, abstencionismo y sospechas recurrentes forman parte del guion desde hace décadas.

El desorden fue evidencia documentada. Videos virales, fotografías de urnas abandonadas en aceras, declaraciones contradictorias entre consejeros del CNE y jefes militares. La narrativa de la democracia se rompió antes del primer voto, cuando la noticia no eran los votos, sino las urnas desaparecidas.

Y mientras los ciudadanos esperaban, los precandidatos se acusaban. Unos apuntaban al gobierno y su «primer damo», otros a la ministra de Defensa —precandidata también—, y otros a la institucionalidad electoral. La UNAH fue categórica: lo ocurrido representa una violación al derecho al sufragio. El FOSDEH pidió auditorías independientes. El Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas iniciaron investigaciones. Pero la pregunta persiste: ¿qué ocurre cuando la democracia se interrumpe por fallas administrativas?

La Ley Electoral no ofrece una salida clara a este tipo de colapsos. No hay un artículo que declare nulas las elecciones por fallas logísticas. No hay vacancia legal, tampoco un camino expedito para repetir la jornada. El Artículo 175 obliga al CNE a declarar electos a los ganadores, mientras el Artículo 21 le otorga discrecionalidad para anular los resultados solo en casos concretos, no generalizados.

Así, el país se enfrenta a un dilema: aceptar los resultados de un proceso irregular o cuestionar legalmente lo que ya está en marcha. En ambos casos, la confianza ciudadana paga el precio.

Hay elecciones que muestran el músculo de una democracia. Esta, en cambio, mostró sus fracturas. Y cuando las urnas llegan tarde, cuando los votos se pierden antes de contarse, la pregunta no es solo qué artículo de la ley fue vulnerado, sino qué parte del pacto democrático se ha roto silenciosamente.

En noviembre volverán las urnas. Ojalá, esta vez, lleguen a tiempo.