Mientras el debate nacional se centra en temas políticos y económicos, miles de niñas y niños en Honduras viven en condiciones que vulneran de forma cotidiana sus derechos fundamentales.
El trabajo infantil, la deserción escolar, la migración forzada y el abandono institucional configuran un panorama alarmante para la infancia hondureña, que crece entre la informalidad, la violencia estructural y la ausencia de oportunidades.
Trabajo infantil: una realidad persistente
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y UNICEF, más de 370,000 niños y niñas realizan algún tipo de trabajo infantil en Honduras. La mayoría se concentra en labores agrícolas, ventas ambulantes, transporte informal, servicio doméstico y actividades de recolección. Aunque la ley prohíbe el trabajo infantil antes de los 14 años y restringe las actividades peligrosas, la realidad económica y social del país ha normalizado esta práctica.
La pobreza, la falta de acceso a servicios públicos y la necesidad de ingresos familiares empujan a miles de menores a incorporarse tempranamente a actividades laborales, muchas veces en condiciones precarias y sin ninguna forma de protección. Esto, a su vez, incide directamente en los niveles de abandono escolar y en la reproducción del ciclo de exclusión social.
Deserción y rezago educativo
De acuerdo con el Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), al menos 160,000 niños y adolescentes abandonaron el sistema educativo entre 2022 y 2024. Las causas principales son la migración, el trabajo infantil, la falta de recursos económicos y la escasa cobertura de centros educativos en zonas rurales y marginadas.
A esto se suman las secuelas de la pandemia por COVID-19, que acentuó la brecha digital y dejó rezagos en el aprendizaje, especialmente en los niveles de educación básica. Aunque el gobierno ha implementado programas de reinserción escolar, organizaciones sociales advierten que la respuesta estatal ha sido insuficiente frente a la magnitud del problema.
Migración infantil: la otra fuga del futuro
Uno de los fenómenos más preocupantes es el incremento sostenido de la migración infantil, tanto acompañada como no acompañada. El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó en el año 2023 un total de 23,878 niños y niñas hondureñas retornados, principalmente desde México y Estados Unidos, y en 2024 un total de 9,479 menores. Muchos de ellos viajaban solos, expuestos a redes de trata, abuso sexual y explotación laboral en su tránsito por la ruta migratoria.
La migración infantil responde a múltiples causas: violencia, pobreza, desintegración familiar y falta de oportunidades educativas o laborales. A pesar de ello, Honduras aún no cuenta con un plan nacional integral para la prevención de la migración de menores ni con suficientes mecanismos de reintegración efectiva para los niños y niñas retornados.
Falta de protección y débil respuesta institucional
Organismos como Ayuda en Acción, World Vision, Save the Children y Plan International han reiterado la necesidad urgente de fortalecer el sistema de protección infantil en Honduras. La falta de personal técnico , la baja cobertura de programas de atención integral y el escaso presupuesto destinado a la niñez han limitado la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales.
En paralelo, el presupuesto nacional asignado a políticas de protección infantil sigue siendo marginal en comparación con otras áreas. Mientras tanto, cientos de menores continúan viviendo en las calles, trabajando en semáforos, recolectando basura o expuestos a redes de explotación y violencia sin una respuesta coordinada que los proteja.
La infancia relegada del debate público
Aunque la Constitución de la República reconoce los derechos de la niñez como prioridad nacional, los hechos demuestran que las niñas y niños más pobres siguen siendo invisibles para el sistema institucional. Mientras el país discute reformas políticas y macroeconómicas, la infancia sigue pagando el costo de un modelo que aún no pone a las personas en el centro.
La deuda social con la niñez en Honduras no se salda solo con programas asistencialistas o campañas esporádicas. Se requiere una política pública integral que articule educación, salud, protección, oportunidades culturales y espacios seguros para vivir una infancia plena.
