En Honduras, el silencio electoral se escribe con solemnidad en la ley, se pronuncia con gravedad en los comunicados oficiales del Consejo Nacional Electoral, pero se deshace con ligereza en los píxeles del mundo digital.

El día que comienza el silencio, la política no se calla, solo cambia de escenario. Se retira del aire televisivo y radial para permanecer en los algoritmos. Sale de las vallas para cobijarse en los timelines. La propaganda, como el agua, siempre encuentra por dónde filtrarse.

Mientras los medios tradicionales apagan su estruendo, las redes sociales encienden una campaña paralela. Memes con tono de sátira, hilos disfrazados de opinión, videos bailables que enmascaran consignas, influencers “espontáneos” que repiten los mismos mensajes.

Sin embargo, la Ley Electoral de Honduras, tan precisa para enumerar los tiempos de campaña, los límites de los medios y las multas por encuestas divulgadas antes de tiempo (Artículo 240 y 241), guarda un silencio absoluto sobre las redes sociales. Es un texto que regula el siglo XX con nostalgia, mientras el siglo XXI hace y deshace elecciones desde los dispositivos móviles.

Ese vacío legal no es inocente. Es una grieta por donde se cuelan campañas que nunca terminan, estrategias que se ocultan bajo la fachada de la espontaneidad y propaganda pagada que nadie fiscaliza. En Honduras no hay silencio electoral, sino que silencio normativo. Y en el vacío, cada quien hace su propia ley, vulnerando el principio de equidad consagrado en los artículos 21 y 65 de la Ley Electoral.

Esto no es un fenómeno exclusivo de Honduras. En México, el Instituto Nacional Electoral ha exigido a plataformas como Meta y YouTube que retiren contenidos que violan la veda. En Colombia, los tribunales ya reconocen que un post puede interferir tanto como un anuncio en televisión. En Argentina, la regulación existe, aunque su aplicación sea más tímida que su intención.

Pero en Honduras, aún no llegamos a ese debate. Aquí, el problema no es solo que las redes influyan, eso es inevitable, sino que lo hagan sin reglas, sin advertencias, sin transparencia. Un votante puede pasar del meme al voto sin saber que ha sido parte de una estrategia milimétrica, dirigida, financiada, segmentada. La democracia entra por el ojo y sale por el pulgar, sin que nadie haya regulado ese tránsito.

Algunos dirán que regular las redes es peligroso, que el riesgo de censura es real, que la libertad de expresión está en juego. Y tienen razón: no se trata de vigilar al ciudadano que opina, sino de exigir responsabilidad a quienes diseñan campañas encubiertas, a quienes simulan espontaneidad mientras operan desde oficinas pagadas, a quienes compran alcance sin decirlo.

Porque hay una diferencia entre decir lo que se piensa y pagar para que otros lo repitan.

La política digital necesita reglas, no mordazas. Transparencia, no silencio. Y el Congreso Nacional tiene la oportunidad y obligación de cerrar esa brecha antes de que el proceso electoral de noviembre se juegue en la sombra de los algoritmos.

La ley debe hablar donde hoy calla. Porque el silencio electoral, si quiere seguir llamándose así, debe ser un silencio para todos: también para el mundo digital.