El sistema de salud pública en Honduras enfrenta un deterioro estructural que se ha venido profundizando en los últimos años, al punto que múltiples sectores ya lo consideran en riesgo de colapso funcional.

La escasez de medicamentos, el déficit crónico de personal médico, la precariedad de la infraestructura hospitalaria y el creciente traslado de servicios a actores privados perfilan un modelo cada vez más fragmentado y excluyente.

Mientras tanto, la población más vulnerable, que depende casi en un 90% del sistema público, encuentra cada vez más barreras para acceder a servicios básicos de salud, y empieza a percibir la privatización encubierta del sistema.

Hospitales sin insumos ni personal suficiente

Según datos del Colegio Médico de Honduras (CMH), al cierre de 2024 más del 40% de los hospitales regionales reportaban desabastecimiento parcial o total de medicamentos esenciales. La situación se agrava en los centros del interior del país, donde también hay carencia de equipo básico, material quirúrgico y reactivos de laboratorio.

El déficit de personal médico y paramédico es otro problema crítico. Estimaciones del CMH señalan que Honduras tiene apenas 10 médicos por cada 10,000 habitantes, y la Asociación por una Sociedad más Justa publicó que existen solo 4.6 médicos por cada 10 mil personas, muy por debajo del promedio regional.

A esto se suma la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de incentivos para retener al personal especializado en zonas rurales o conflictivas, siendo lógico debido a que el presupuesto de salud es del 3% del PIB, siendo el más bajo de la Región y estando por debajo del 6% sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tercerización creciente: ¿eficiencia o abandono estatal?

En paralelo al colapso del sistema público, ha aumentado la tendencia a tercerizar servicios hospitalarios hacia proveedores privados. Desde lavandería y alimentación, hasta imagenología, análisis clínicos e incluso gestión administrativa, múltiples funciones han sido transferidas mediante contratos externos.

Si bien estas medidas se justifican bajo el argumento de mejorar la eficiencia operativa, expertos del sector salud advierten que muchas veces esta tercerización ocurre sin mecanismos claros de control ni evaluación, y con costos mayores para el Estado.

“Lo que vemos es una privatización silenciosa, disfrazada de descentralización operativa”, señaló recientemente la Asociación para una Sociedad más Justa. “Se debilita la gestión pública sin fortalecer la capacidad institucional, y al final los servicios se encarecen o desaparecen”.

El peso desigual del gasto en salud

De acuerdo con la ASJ en su último informe del 2025 sobre Salud, más del 51% del gasto total en salud en Honduras proviene del bolsillo de los hogares y es 13.5% mayor que el promedio de la Región. Es decir, el sistema está sostenido más por el gasto individual que por la inversión pública.

Esto tiene un impacto directo en el acceso efectivo: quienes pueden pagar acuden a clínicas u hospitales privados, mientras que quienes no tienen recursos enfrentan largas esperas, servicios interrumpidos o simplemente renuncian a la atención médica.

Esta situación viola el principio de gratuidad y universalidad del derecho a la salud consagrado en el artículo 145 de la Constitución de la República, y contribuye a profundizar las desigualdades sociales en el país.

¿Y el primer nivel de atención?

Mientras el sistema hospitalario enfrenta sobrecarga, el primer nivel de atención (centros de salud comunitarios, clínicas rurales y unidades móviles) sigue recibiendo poca inversión. Esta debilidad impide la prevención de enfermedades, la atención temprana y el acompañamiento en salud materno-infantil, generando una presión innecesaria sobre los hospitales.

El Programa Ampliado de Inmunización también ha tenido retrocesos: coberturas por debajo del 85% en varias regiones, riesgo de reintroducción de enfermedades prevenibles y dificultades logísticas para mantener esquemas completos en comunidades rurales.

La salud como bien público en disputa

La crisis del sistema de salud en Honduras no es nueva, pero se ha profundizado en un contexto donde el modelo de atención parece inclinarse cada vez más hacia la lógica de mercado, sin un debate público ni una estrategia nacional clara.

Los desafíos son evidentes: recuperar la inversión pública, fortalecer el sistema nacional de salud, dignificar al personal sanitario y garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad. Pero para lograrlo se requiere voluntad política sostenida, transparencia en la gestión y un compromiso real con el derecho a la salud como bien público, no como mercancía.