Los acontecimientos derivados de las elecciones primarias del pasado 9 de marzo han abierto un nuevo frente de discusión en la vida pública hondureña: la relación de subordinación entre las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El detonante fue una serie de irregularidades logísticas que derivaron en fuertes retrasos en la distribución del material electoral, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, generando escenas de caos en varios centros de votación.

A raíz de estos hechos, se instaló un debate jurídico y político sobre el alcance real de la subordinación de las FF.AA. al CNE, contemplada en el marco legal. Según la Ley Electoral y la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas deben quedar bajo disposición del CNE desde 30 días antes del proceso electoral hasta la declaratoria oficial de resultados. En este caso, el período de subordinación se extiende hasta el 8 de abril, fecha límite para la oficialización del escrutinio primario.

La controversia escaló cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, negó públicamente cualquier responsabilidad en los retrasos logísticos y aseguró que la institución castrense ha sido blanco de una campaña de desprestigio.

Las declaraciones fueron interpretadas por diversos sectores como un acto de insubordinación frente al mandato constitucional.

Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Cossette López, denunció irregularidades como la movilización de maletas electorales en buses urbanos sin la supervisión adecuada, y acusó a Hernández de haberla intimidado verbalmente el 21 de marzo, durante una sesión previa del pleno del CNE. El incidente generó pronunciamientos públicos de respaldo y denuncias por violencia política, elevando aún más el tono del conflicto.

Mientras los comunicados oficiales se suceden y las redes sociales amplifican posturas enfrentadas, el fondo del debate sigue en la mesa: ¿hasta qué punto se está cumpliendo con el mandato de colaboración y subordinación institucional en un proceso electoral?

El episodio ha derivado en una competencia paralela por legitimidad. Desde un lado, el CNE enfatiza su rol como máximo garante del proceso electoral y apela al respaldo de su equipo técnico, sociedad civil y actores políticos. Desde el otro, las Fuerzas Armadas refuerzan su imagen institucional mediante comunicados, declaraciones y respaldo de sectores afines al oficialismo.

Más allá del conflicto entre personajes, lo que queda en evidencia es un espacio institucional tensionado.

La subordinación legal de las Fuerzas Armadas al CNE durante procesos electorales no es una formalidad. Constituye una garantía operativa y simbólica de la conducción civil del proceso democrático. Cualquier quiebre en esa relación debilita la confianza pública y abre la puerta a narrativas que erosionan la legitimidad electoral.

De cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, el país enfrenta un escenario donde la cooperación interinstitucional no solo es deseable, sino indispensable. Si los protagonistas del proceso no priorizan sus mandatos sobre sus diferencias, la crisis podría tener un costo político e institucional que trascienda la coyuntura del 9 de marzo.