Mientras una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en el país para revisar el desempeño macroeconómico de los últimos seis meses, el Gobierno de Honduras enfrenta un momento clave en su ruta de compromisos fiscales, reformas estructurales y estabilidad económica.

Esta es la tercera evaluación semestral en el marco del acuerdo trianual firmado en septiembre de 2023, que permite el acceso gradual a 823 millones de dólares en asistencia financiera, condicionada al cumplimiento de metas en áreas como disciplina fiscal, inflación, inversión pública y fortalecimiento institucional.

Hasta la fecha, Honduras ha recibido cerca de 315 millones de dólares tras superar las dos primeras revisiones. El actual examen determinará si el país puede acceder a un nuevo desembolso de aproximadamente 125 millones, una cifra importante para sostener el flujo financiero de la administración pública.

Más allá del desembolso, esta revisión representa una prueba para el modelo de conducción económica del gobierno actual. El Fondo ha señalado la necesidad de mantener políticas “prudentes” y garantizar reformas sostenibles. Entre los temas bajo evaluación figuran la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la implementación de medidas fiscales, y el cumplimiento de metas en inflación, que cerró 2024 en 3.88%, por debajo del 5 % proyectado.

La ENEE como termómetro del compromiso estructural

La empresa estatal de energía, que acumula déficits millonarios desde administraciones anteriores, ha sido una de las principales fuentes de presión fiscal. En las últimas revisiones, el FMI ha señalado su desempeño como un área crítica para garantizar la sostenibilidad del gasto público.

Aunque se han implementado ajustes, como la revisión de tarifas y renegociaciones con generadoras, el desafío de fondo persiste: convertir a la ENEE en una empresa solvente sin trasladar el costo directamente a la ciudadanía.

Reformas en pausa y retos legislativos

Otro punto de interés en esta revisión es la Ley de Justicia Tributaria, aún pendiente de aprobación en el Congreso Nacional. Esta norma ha sido presentada como una reforma clave para combatir la evasión fiscal y garantizar mayor equidad en el sistema tributario. Su avance, o estancamiento, podría influir en la percepción de cumplimiento del acuerdo.

El FMI también ha insistido en que Honduras debe reforzar su marco legal en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, de cara a la evaluación del GAFI en 2026. La revisión actual ofrece una oportunidad para presentar avances, tanto legislativos como institucionales, en esa línea.

Lo que está en juego

La continuidad del respaldo del FMI no solo implica acceso a recursos. También tiene un impacto en la confianza de otros organismos multilaterales y mercados internacionales, así como en la capacidad del país para sostener sus compromisos sociales sin desestabilizar las finanzas públicas.

El desafío para Honduras no es menor. Debe demostrar que puede avanzar en reformas sin perder estabilidad política ni deteriorar la inversión social. En este equilibrio entre técnica económica y sensibilidad política, cada revisión se convierte en un termómetro de gestión.